Asturies por lo público

Atendieron al acto unas 20 personas.

En la presentación del tema se aclaró que la actual Ley en trámite solo abre muchos interrogantes y se animó a nuestr@s representantes en la mesa a explicar qué tipo de preguntas hacen en los gobiernos nacional y autonómico, qué respuestas reciben (cuando las reciben) y para qué vale.

Sofía Castañón (SC), diputada en el congreso estatal, habló de la opacidad en los casos de corrupción en el ámbito político o como desde la oposición se trata en la mayoría de los casos de averiguar qué pasa con nuestros recursos y asignar responsabilidades a los diferentes cargos públicos sin y no se consigue. En general la obtención de respuestas es un proceso frustrante y lento en el mejor de los casos. Si se imprimieran todas las preguntas desde el inicio de la legislatura hasta diciembre se podría rodear el congreso, y las respuestas no han comenzado a recibirse hasta enero.

Aunque las comisiones de los presupuestos generales del estado son públicas, las subcomisiones no lo son. En algunos casos incluso l@s representantes tienen dificultades de acceso al contenido e incluso es un contenido parcial. Se ha solicitado modificar el reglamento para aceptar comparecencias respetando la confidencialidad.

Dani Ripa (DR), diputado del congreso autonómico, comenzó hablando de la relación entre transparencia y corrupción, y cómo de momento los escándalos suelen empezar con temas aparentemente no relacionados pero que suponen el principio de un ovillo que se va desenredando al tirar del hilo. Un ejemplo es la trama del agua. Este descubrimiento no se debió a la existencia de mecanismos institucionales para tratar estos problemas. Describió el contenido de algunas comparecencias de funcionarios en la Junta, que explicaron con detalle los problemas existentes para denunciar abusos y las consecuencias negativas personales y profesionales que esto conlleva. La ley de transparencia actualmente en tramitación se basa en la propuesta de Podemos, pero con unos cambios importantísimos:

1. se elimina el anonimato para utilizar el buzón de denuncias y se piden datos al denunciante,

2. se pasan las competencias de investigar las denuncias desde un organismo independiente (la propuesta original) al jefe de servicio, que sería nombrado por el consejero de presidencia.

Además, hay otros problemas, incluidos la exclusión de información relevante (como con quién tienen contacto los políticos) y la falta de un proceso participativo con contribución de la ciudadanía.

Estos problemas llevan a que la actual ley en trámite no sea más que una utilización de la transparencia con fines propagandísticos y de bloqueo.

Carlos Carrero (CC), documentalista y archivero de la administración pública y miembro del Círculo “Asturies por lo Público”, hizo la presentación de las características de esta proposición de Ley desde la parte técnica. Comenzó enfatizando que aunque la gente tiende a asociar “transparencia” con “corrupción”, la primera debe vincularse a la participación ciudadana A partir de aquí, expuso algunos puntos básicos generales:

• No toda la información de la administración puede, ni debe, ser accesible.

• Normalmente el deseo de información se debe a la necesidad o conveniencia de “hacer algo” y de ahí la relación íntima entre transparencia y participación.

• Los principios vinculados al buen gobierno ya están contemplados en diferentes normas legales. Lo realmente importante en la legislación sobre transparencia es potenciar la gobernanza a través de la participación ciudadana, en la búsqueda de un gobierno abierto.

• La publicidad activa no es lo mismo que el acceso a la información. Enfatiza lo engañoso del carácter de “relevancia” de la información que los sujetos obligados aportan por medio de la publicidad activa.

• Es importante que los formatos sean reutilizables e interoperables, para lo que se precisa la implantación de una administración electrónica real al servicio de las personas.

En el caso particular del proyecto de Ley asturiana resalta, a modo de ejemplo, los siguientes aspectos:

• El acceso a la información no se considera derecho fundamental, al contrario de lo que ocurre en la mayoría de la legislación a nivel internacional.

• Hay un abuso del término “ciudadano”, mucho más ambiguo y sexista, en detrimento del de “persona”.

• El uso y abuso de formatos propietarios dificulta el acceso y la reutilización de la información.

• El carácter de libre acceso que otorga el proyecto de ley a “todos los expedientes” contraviene lo establecido por otras leyes e ignora que la competencia para dictaminar a ese respecto es de la Comisión de Calificación y Valoración de documentos administrativos del Principado de Asturias.

• La existencia de un portal de transparencia no es sinónimo de mayor transparencia.

• La solicitud de información por “cualquier medio” se reduce, en la práctica, al portal de transparencia, para lo que se precisa de certificado electrónico, y a la solicitud presencial. Solo Canarias y Aragón recogen en su legislación las solicitudes telefónicas de información.

• El procedimiento contemplado para el registro de las solicitudes y de las posteriores resoluciones, así como del proceso de seguimiento de las peticiones, es confuso e inconsistente.

Finalizó describiendo algunos ejemplos de cómo el ejercicio de transparencia en la Administración asturiana se realiza con vistas a recibir “buenas notas” en el INCAU de Transparencia Internacional, ocupándose más de la forma que del fondo.

Todo ello demuestra la necesidad de una implicación de la sociedad civil para mejorar una mala ley a través de la presentación de enmiendas.

Finalizados los turnos de la parte informativa, se pasó a un interesante debate sobre las incógnitas de una Ley que quedó de manifiesto que presenta serias deficiencias y escasa efectividad de ser aprobada.

CONCLUSIÓN: se demuestra la necesidad de una implicación de la sociedad civil para mejorar una mala ley a través de la presentación de enmiendas.

Se realizaron interesantes preguntas durante el debate que pasamos a detallar:

Pregunta: ¿Nos podéis explicar qué es el silencio administrativo negativo?

CC: El silencio administrativo negativo significa que si la administración no responde en tiempo, la solicitud se considera denegada. Se puede presentar recurso ante el Consejo de transparencia, que también podrá ser denegado por silencio administrativo. Debemos tener como meta el silencio positivo, como lo recogen algunas leyes autonómicas, aunque su puesta en funcionamiento puede ser complejo debido a la necesidad de garantizar el derecho del que gozan terceras personas a que no se conozcan, por ejemplo, sus datos personales sin su consentimiento.

Pregunta: ¿Sirve la ley de transparencia para obtener información sobre las listas de espera para la obtención de servicios o subvenciones?

CC: Esta información debe ser ya accesible, en calidad de interesado, a través de procedimiento administrativo común y no por la ley de transparencia, tal como recoge la disposición adicional primera de la ley estatal, teniendo la legislación en materia de transparencia carácter supletorio para todo lo que no se contemple en las normativas específicas.

Pregunta: La gente suele introducir transparencia en una especie de gueto, cuando es un tema transversal y que por su carácter de derecho fundamental debería fluir de los procedimientos normales. ¿No deberíamos hablar de derecho a la información en vez de transparencia?

CC: No les interesa a los políticos, quienes suelen hacer corresponder transparencia y publicidad activa. No debe vincularse transparencia a los políticos, sino a las personas.

DR: La ley asturiana se hace con fines propagandísticos y como cajón de sastre. Es una copia de la ley estatal en la que se incluyen los temas, pero se limita el acceso.

SC: De acuerdo, pero a veces merece la pena usar el lenguaje más común simplemente para entenderse.

Pregunta: Se habló de las tres patas del buen gobierno, pero debería haber una cuarta: el control interno, que incluya:

1. Renovación: cambios en la justicia, que no funciona y carece de servicios.

2. Innovación; nuevas instituciones en lugar del gobierno controlando al gobierno.

3. Control interno de partidos políticos.

4. Control a nivel europeo (por ejemplo, política comercial).

DR: Efectivamente, el autocontrol actual del gobierno no funciona. Se necesita un sistema de denuncias anónimas como el que ya funciona en la Guardia Civil.

SC: De acuerdo, es imposible denunciar al denunciado. En cuanto a la situación europea, hubo falta escandalosa de información, hasta el punto que la gente en las diferentes comisiones relevantes solo tenía información parcial y el proceso se parecía un tanto al del libro Fahrenheit 451, y ni aún así.

Pregunta: Y en el mismo tema ¿Qué pasa en los partidos? En el caso de Podemos, no es como era al principio. ¿Cómo se implica la base cuando ahora se hacen las políticas desde las cúpulas?

SC: Necesitamos protocolos y una sistematización con temas y subcomisiones: buenas herramientas para hacer un buen trabajo. Los temas deben pasar por los círculos.

DR: En estos momentos la cúpula y las bases son sólidas, nos falta el estrato intermedio, y esto no se ha resuelto en Vistalegre. El mayor problema está a nivel estatal. Quizás podrían hacerse reuniones cada 6 meses para discutir y decidir sobre propuestas y problemas.

CC: El control es fundamental, pero es una cuestión más de procedimiento que de la creación de instituciones de control. Debe asegurarse un control interno a través de la creación de una auténtica cultura organizativa en la administración asturiana y una democratización para la gobernanza contando con todas las personas.

Pregunta: Se ruega la presentación de la información en capas, de más simple a más compleja, de modo que se ajuste a los conocimientos y las necesidades de la persona que la solicite.

CC: El carácter “relevante” de la información es subjetivo, mientras que el de “veraz” es objetivo. Las leyes contemplan la posibilidad de adaptar la información, pero para ello es necesaria la administración electrónica.

Pregunta: La falta de contestación (silencio negativo) hace imposible ejercer el derecho a la información, aunque sea reconocido en la ley autonómica, por lo que ésta solo puede considerarse propaganda.

CC: A pesar de los cuatro años de la ley estatal de transparencia, España está en el número 41 de países, por debajo de Botswana o Brunei.

SC: Esto mismo es cierto de otras leyes, que no garantizan derechos fundamentales.

DR: Aunque idealmente habría que empezar de cero, el proceso de la ley autonómica está en fase de enmiendas.

Con esta última intervención se cerró el acto.

Antes del evento y durante el mismo se recogieron los cuestionarios que aportaban los presentes y que les habían sido remitidos por el Círculo APLP en los días previos al acto. A través de sencillas preguntas quedó constancia de qué entienden las y los ciudadanos por participación ciudadana y por una administración verdaderamente transparente y al servicio de la gente.

El próximo 4 de mayo os invitamos a una mesa debate en la sala de Cristal del Calatrava a las 19h, en la que tendremos el honor de contar con Gustavo García, miembro de la Asociación de directoras y Gerentes de Servicios Sociales que, como sabréis, ha publicado recientemente el último informe anual sobre el “ESTADO SOCIAL DE LA NACION”. Él nos trasladará la cruda realidad social en la que vivimos y no la publicidad engañosa que los políticos del gobierno nos venden.

Hablaremos con él de:

la situación de pobreza estructural y el riesgo de la trasmisión generacional de la misma;
la exclusión social difícil de erradicar, que puede ir desde la desafección social hasta la xenofobia, racismo o incremento de la inseguridad ciudadana;
la precariedad y bajos salarios, que hace que una parte importante de la población deba vivir en situación precaria, en permanente riesgo de caer en la pobreza;
las políticas que producen y mantienen la pobreza, la precariedad y las desigualdades;
la fiscalidad débil y regresiva y la facilidad que tienen las grandes empresas y fortunas para pagar menos de lo que tienen normalmente establecido gracias a un entramado de desgravaciones y exenciones, cayendo la carga fiscal sobre las clases media y bajas a través de IRPF y de los impuestos de consumo;
de un desmontaje paralelo de la protección social, dedicándole menos recursos que la media de los países de la UE y sustituyendo los derechos de la ciudadanía por prácticas compasivas y asistenciales que consagran unos modelos de convivencia y acción social trasnochada.

Por último, veremos cuáles son las estrategias para combatir esta situación.

Desde el Área de Derechos Sociales del Consejo Ciudadano de Podemos Asturies y en colaboración con el Círculo “Asturies polo Público” os invitamos y animamos a asistir a esta importante cita; estamos seguras que los datos y el análisis revelador del ponente sobre una situación que tan de cerca nos toca, serán de enorme utilidad para la toma de conciencia colectiva sobre cuáles son nuestros verdaderos y graves problemas y como contribuir a darles una solución, antes de que sea demasiado tarde.